LOPD GDD 3/2018

Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 3/2018

La LOPD adapta el derecho español al modelo establecido por el RGPD

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), es la ley que actualmente se encuentra en vigor, adaptando el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo al amparo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE 679/2016).

Establece el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, que se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución.

Se regulan asimismo las posibles habilitaciones legales para el tratamiento, fundadas en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable. .

Adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por capas», facilitando al afectado la información básica, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la información detallada.

La ley orgánica LOPD contempla los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

La mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan.

La LOPD acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital.

Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet. Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.

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